• Quirino Camacho Perales se desempeño anteriormente en el área jurídica del DIF Municipal, y en gobiernos anteriores estuvo a cargo también del jurídico del IMM, y fue removido por la misma situación.
Lidia López/Poza Rica
La regiduría comisionada en Policía y Prevención del Delito, a cargo de la licenciada Marisol Hernández Moreno, requirió a la Contraloría Municipal que esta bajo la responsabilidad de Eddy Basáñez Flores, para que informe el total de quejas ciudadanas atendidas contra el responsable jurídico de la Policía Municipal, Quirino Camacho Perales, según oficio 025-2024.
Esto deriva por el número de ciudadanos que han acudido a la oficina de la regiduría, donde han externado verbalmente la situación que enfrentan ciudadanos y de supuestas quejas por cobros excesivos para liberar a personas que fueron detenidas y depositados en las celdas de la Policía Municipal, como también para que se realice la entrega de vehículos implicados en estas detenciones.
En un sondeo, se han recopilado experiencias y con versiones de afectados que omiten su nombre por temor a represalias, señalan que Quirino Camacho pide hasta 30 mil pesos para que un ciudadano sea entregado a sus familiares. Mientras que por vehículos estipula hasta 50 mil pesos. Pero en las dos situaciones, acepta negociar hasta donde los afectados tienen el efectivo disponible.
Este tipo de acusaciones hacia Quirino Camacho Perales no es novedad, ya que durante la actual administración municipal se conoce que fue jurídico del DIF de Poza Rica y fue removido del cargo por causas que no fueron públicas y se pretendía que ya no participara en algún otro cargo, pero amigos cercanos le apoyaron para que le dieran otra oportunidad y finalmente fue asignado a la responsabilidad jurídica de la Policía Municipal.
Pero esto también ocurrió en la administración del ex alcalde Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, ya que también le dieron la titularidad jurídica del Instituto Municipal de la Mujer y por quejas de supuesta doble función, haciendo que usuarias se convirtieran en sus clientas legales para defender sus casos de manera particular, cuando su deber como servidor publico era brindarles la asesoría sin costo alguno.
En su pasado, ante los cambios de intereses en partidos políticos, fue dirigente del partido Movimiento Ciudadano y en la contienda por la diputación local, en la cual su entonces instituto político tenía la coalición “Veracruz al Frente”, con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Acción Nacional, se conoció que enfrentó problemas porque a pesar de que recibió recursos económicos no los distribuyó para la remuneración de los representantes de casillas y representantes generales.
