La tesorera municipal en Poza Rica, Diana Dávila Várguez, se encuentra bajo investigación interna por las irregularidades que algunos regidores detectaron y reportaron en relación a la adquisición de pruebas para la detección de COVID-19 que se utilizaron para jornadas realizadas en las primeras semanas de la administración.
En recientes sesiones de cabildo, que bajo el argumento de la veda electoral se realizan de manera privada, y en reuniones de trabajo regidores reportaron la presunta irregularidad cometida por la tesorera.
Indican que la tesorera ordenó la adquisición de 500 pruebas de detección de COVID-19 con un costo cada una de 500 pesos sin realizar alguna notificación a la comisión de salud municipal y sin efectuar alguna licitación.
Reportaron que la compra fue una adjudicación directa a LIB Laboratorios en Poza Rica y representó un gasto de 250 mil pesos, lo cual consideran un exceso pues las pruebas tienen un costo de máximo 200 pesos.
Señalando que se están cometiendo otras irregularidades como el pago en efectivo y discrecional a trabajadores de confianza, lo cual generó un requerimiento del ORFIS.
Regidores consideran qué hay motivos suficientes para que la tesorera sea removida, pues está tomándose atribuciones que no le corresponden.