Nicho de corrupción en Juzgados en materia Familiar, aplican paso de tortuga

Lidia López/Poza Rica

El Juzgado Sexto de Primera Instancia, especializado en Materia Familiar, que tiene a su cargo como titular, Magdalena Méndez Juan, presenta quejas por posibles irregularidades que causan agravio a ciudadanos que por diversas situaciones jurídicas llevan retrasos por más un año sin darse solución, incluso hasta reportar que los expedientes se encuentran extraviados.

De acuerdo con oficios girados por la defensa legal del ciudadano Julio César V. J., se realizó en el Juzgado Sexto el proceso de reajuste de pensión alimenticia ya que dos de sus hijos, mayores de edad y que ya dejaron de depender económicamente de su progenitor, aceptaron voluntariamente a presentarse en los tribunales para que se proceda para que se deje de aplicar el descuento sobre el pago de nómina que le otorgan en su fuente de empleo, el cual es del 80 por ciento por el total de sus beneficiarios.

Este proceso se inició en septiembre del 2021, pero para diciembre del mismo año, el expedientillo administrativo con número 702/2021-M con motivo del oficio número 4382/2021, asignado por la juez Magdalena Méndez Juan, desapareció de las oficinas de este juzgado.

Desde entonces, según oficio firmado por la servidora pública, tardó dos meses en atender el llamado de la juez cuarta de Primera Instancia, Fabiola Rodríguez, hasta el 2 febrero del 2022 envió el oficio 599/2022/III dirigido al director de Control y Estadística del Consejo de la Judicatura del Poder que el expediente fue remitido como depuración al Archivo General del Poder Judicial y desde entonces no se ha podido resolver el Juicio Ordinario Civil, para realizar la cancelación de pensión alimenticia.

La inconformidad del ciudadano Julio César V. J. es la lentitud en la cual no se le da una solución para un proceso judicial que tiene ese expediente como prueba actora para que se le devuelva el derecho a recibir su salario como integrante de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA).

Este no es el primer caso, donde un padre de familia solicita lo justo, ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia con el “extravío” del expediente sobre un caso que es de resolución inmediata ante la voluntad de los hijos que ya acudieron al tribunal de este Distrito Judicial, donde la servidora pública Magdalena Méndez Juan no da una explicación de porque se remitió la documentación como material a depurar.

A decir de abogados de Poza Rica, el Juzgado Sexto de Primera Instancia se ha caracterizado por tener una lista de espera de casos sin resolver, desde antes de la pandemia por COVID-19.

Advierten los defensores legales que solo reciben excusas para dar resolución a casos sencillos. En los últimos tres años han usado de argumento excedente carga de trabajo en las mesas de trámite, continuaron por la suspensión por coronavirus, luego por la desaparición del juzgado décimo reforzaron el argumento que por la excedente carga de trabajo, detienen la mayoría de los asuntos previos a turnar a resolver.

En casos como el de Julio César, para cancelación de pensión alimenticia, los juzgados especializados en materia familiar deben respetar lo que establece el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, donde el artículo 60 dice: «Las sentencias se dictarán al concluir la audiencia de pruebas y alegatos o dentro de los diez días siguientes. Tratándose de expedientes de doscientas fojas en adelante, el término será hasta de quince días. En caso de incumplimiento injustificado, el Juez se hará acreedor a la sanción prevista en el artículo 40.».

En cuanto al artículo 40 dice: “Los jueces y magistrados a quienes corresponda, recibirán por sí mismo las declaraciones y presidirán todos los actos de prueba, bajo la pena de suspensión de uno a dos meses, independientemente de otra responsabilidad que pudiera resultarles. Por lo que para turnar a resolver las mesas deben pasar primero con la jueza para que lo puedan hacer”.

Cabe mencionar que en este mismo Juzgado Sexto de Primera Instancia, con la misma titular Magdalena Méndez Juan, tuvo quejas por no facilitar los divorcios incausados, los cuales se permite en el estado de Veracruz por instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que toda persona tiene derecho a separarse de su cónyuge sin usar causal, bajo el argumento del derecho a la libertad.

Los juzgados especializados en materia familiar, aseguran abogados, se ha convertido en un nicho de oportunidades para la corrupción ante la lentitud para dar resolución y lamentaron que el Tribunal Superior de Justicia en el estado de Veracruz no ha puesto un alto a este tipo de casos que no pueden recibir pronta justicia, violando la propia ley que regula a los servidores públicos del Poder Judicial.