Desampara justicia a mujeres en Poza Rica, faltan fiscales 

Misael Olmedo Sifuentes/Poza Rica

A pesar de que Poza Rica es uno de los 12 municipios veracruzanos  con “Alerta de Género”, por los elevados índices de violencia contra la mujer,  la Unidad Integral de Procuración de Justicia actualmente solamente cuenta con una fiscal para la atención a las denuncias que son interpuestas, situación que está generando mayor atraso en la resolución de los casos, destacó la titular del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), Norma Arango.

Este lunes se realizó la instalación del sistema municipal para la igualdad entre hombres y mujeres y en el cual forma parte la titular de la Unidad de Procuración de Justicia en este distrito, Yaiza Elena Hernández Reyes que al concluir el acto protocolario externó a las autoridades locales las necesidades que enfrentan, aunque se negó a emitir algún comentario ante los medios de comunicación.

Las denuncias por casos de violencia contra la familia, mujeres, niños, niñas y de trata de personas no han tenido el avance esperado, pues no hay personal suficiente que esté realizando las investigaciones que cada uno de los casos requiere.

Norma Arango indicó que  el IMM  ha canalizado diversos casos a la Unidad Integral de Procuración de Justicia, pero no se ha emitido ningún dictamen resolutivo y aunque hay atención por parte de la fiscal es necesario que se cuente con más personal.

“Las fiscales eran cuatro, ahora quedan dos y de esas una no ha regresado, no sabemos si pidió permiso, entonces realmente para todos los casos es una y nada más, es un abuso laboral también para ellas”, expresó la titular del IMM en esta ciudad.

Mientras los índices de violencia contra la mujer se mantienen elevados en la ciudad y aunque la cultura de la denuncia ha incrementado preocupa que no existen avances en los expedientes, algunos con años, sin que se aplique la justicia contra los agresores.

Además de autoridades judiciales y municipales en el sistema municipal para la igualdad entre hombres y mujeres se cuenta con la participación de representantes de instituciones educativas y de asociaciones civiles que se comprometieron a fomentar la cultura de respeto a los derechos de cada persona desde una perspectiva de género.

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